En 2008, la agencia internacional UNITAID (1) aprobó la creación de un ‘pool’ de patentes para proporcionar medicamentos accesibles y adaptados a pacientes de países en desarrollo. Se trata de un mecanismo mediante el cual los titulares de las patentes –compañías farmacéuticas, institutos de investigación, universidades, científicos, etc- conceden licencias a una entidad: el ‘pool’. Este, a su vez, puede ponerlas a disposición de un tercero, para la producción del fármaco o para posteriores nuevos desarrollos, bajo una serie de condiciones pre-acordadas (por ejemplo qué países quedarían cubiertos) y a cambio de ‘royalties’ para el titular originario de la patente.
La implantación de este nuevo mecanismo es urgente. La lucha contra el Sida, cuya tasa de prevalencia en países como Kenia, Zambia o Zimbabue supera el 15%, puede ser la piedra de toque. Aquí, la cuestión de los precios es vital: pasar de un régimen de antirretrovirales de primera línea a uno de segunda, en la que algunos medicamentos proceden de un solo fabricante, supone en ciertos países multiplicar el precio hasta 17 veces. Completamente fuera del alcance de los pacientes y de los sistemas nacionales de salud, que para frenar esta escalada de precios podrían recurrir a las licencias obligatorias, en aplicación de las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio.
En el proyecto de MSF en Khayelitsha (Sudáfrica), con más 12.000 personas en tratamiento con ARV, cerca del 16% de los pacientes experimenta fracaso terapéutico tras cinco años de régimen de primera línea; un 25% de los pasados a segunda línea, vuelven a sufrirlo en un plazo de dos años. En Sudáfrica la tercera línea no está disponible, así que estos pacientes están ya amenazados de muerte.
