Las mujeres explotadas en los clubes eran obligadas a abonar un porcentaje por cada servicio sexual prestado. Además, debían firmar una especie de contrato que las comprometía a cumplir una serie de normas impuestas también por la organización y que conllevaba una serie de multas en caso de incumplimiento de dichas.
Así, por ejemplo, debían abonar 50 euros por descansar sin permiso o entre 150 y 200 euros por abandonar el club sin autorización previa.
Los clubes disponían de cajeros automáticos vinculados a las empresas mercantiles de su propio entramado societario, lo que facilitaba a los clientes el acceso rápido a dinero en efectivo.
También disponían de dispositivos de telepago para cobrar los servicios sexuales, todo lo cual generaba unos beneficios añadidos, derivados de las comisiones que los clientes debían abonar por utilizarlos. Otro de los servicios que ofertaban los clubes era que a los clientes que lo solicitaran se les facilitaban sustancias estupefacientes.
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