La alternativa que ofrece el Gobierno de que se acojan a convenios especiales (a la manera de un seguro privado) “es impensable cuando hablamos de población en situación de exclusión o riesgo social”, prosiguió, y hacerse cargo “del pago de una medicación que supera los 700 euros mensuales resulta difícilmente asumible”, agregó García Rodrigo.
Además, el informe de vigilancia epidemiológica del VIH/sida del propio ministerio indica que un 56% de las transmisiones por vía sexual se producen entre hombres que mantienen sexo con hombres, y de estas, un 35,6% de los casos se da entre el colectivo inmigrante.
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