REDVIH sostiene, en una nota de prensa, que el Gobierno no tiene evidencias de que el pretendido ahorro que pretende lograr negando la tarjeta sanitaria a los inmigrantes indocumentados, a partir del próximo sábado, "supere el nuevo gasto que se generará con más hospitalizaciones y la atención en urgencias".
El Observatorio ha recibido diversas consultas no solo de las personas que temen quedarse sin tratamiento antirretroviral sino también por parte del personal sanitario y ONG que consideran que la medida "atenta contra los derechos humanos al poner en peligro la vida de cientos de personas con VIH dentro de nuestro país".
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