Pero el debate -y la inquietud de los afectados y quienes temen que este tipo de sentencias aumenta la persecución y la marginación de los infectados- no se cierra con una sentencia. "En este asunto entran en conflicto dos derechos: el de la intimidad del infectado, y el de la salud de su pareja". Y, en caso de conflicto, el segundo debe prevalecer, indica Mirabet. ¿Quiere eso decir que hay que estar contando al primero con el que uno se acuesta, y en cualquier caso, el estado de salud? Aquí la abogada establece un primer matiz: "Hay que tomar precauciones para no infectar, pero no hay que avisar", dice, trazando una fina línea.
Pero esta claridad encuentra enseguida matices, porque si no hay dos personas iguales, menos lo son las relaciones sexuales, en las que intervienen por lo menos dos personas. Fuentes jurídicas coinciden en que "si hay transmisión deliberada, hay delito", pero advierten de que eso es muy difícil de demostrar, y, más aún, de identificar al transmisor. Y señalan que la vía judicial no debe ser la solución para estos casos. Si todo el que se infecta fuera a juicio, eso supondría más de 3.000 pleitos al año en España.
