La captura de los países de Occidente por el islam
La identificación del adversario y de los mecanismos mediante los cuales obtiene, conserva y amplía su poder resulta fundamental para defender las instituciones democráticas.
Debemos tener muy claro que, en este tiempo, las diferencias entre católicos, protestantes y judíos son mínimas, hasta el punto de que podemos relacionarnos sin problemas en todo tipo de actividades. Esta interacción abarca también a otras confesiones y tradiciones, como los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, el budismo, el hinduismo y el zoroastrismo, e incluso a quienes se declaran ateos.
Ninguno de los grupos mencionados, a diferencia del islam, tiene por objetivo lograr el poder político o copar las instituciones ejecutivas o legislativas de los países occidentales para imponer sus dogmas, algunos de ellos que tienen en Occidente la categoría de delitos, como la pederastia. Pero para entender la incompatibilidad del mundo occidental con el islam, vamos a analizar varias circunstancias.
ANTECEDENTES
Se mencionan estos antecedentes para explicar por qué el islam, al mismo tiempo que pretende apoderarse de las democracias occidentales, también tiene el afán de destruir Occidente e Israel.
Tras la Segunda Guerra Mundial se consolidaron los grandes polos de poder de Occidente y de la Unión Soviética. En medio de la denominada «guerra fría», también cobraron fuerza distintas corrientes de derecha, centro e izquierda, con centros de poder en Estados Unidos, la URSS y China, que desarrollaron estrategias para alcanzar la supremacía política y social.
En el Reino Unido y Estados Unidos, las corrientes políticas de la denominada derecha defendieron una visión de democracia representativa, propiedad privada, libre empresa y capitalismo de mercado, principios que contribuyeron significativamente al desarrollo económico y social de Occidente, especialmente de Europa occidental. Israel, por su parte, se consolidó como una de las principales economías de mercado de Oriente Medio.
Por otro lado, la URSS y China crearon modelos estatistas y de partido único. China incorporó posteriormente mecanismos de mercado; la URSS, en cambio, se disolvió en 1991.
En septiembre de 2015, Angela Merkel, de la CDU (Unión Demócrata Cristiana), hija de un pastor protestante, olvidó Jeremías 3:2 y, cual Pandora, abrió la puerta a una llegada masiva de refugiados a Alemania, aproximadamente 890.000 solicitantes de protección, principalmente de países de mayoría musulmana como Siria, Afganistán e Irak, durante la denominada crisis migratoria europea.
Desde entonces, la expresión «crisis migratoria» se convirtió en un eufemismo que se aplica en Europa a situaciones de llegada numerosa de inmigrantes, incluidas entradas masivas irregulares como la de Ceuta en 2026. Las políticas de acogida pueden comprender alojamiento, alimentación, vestimenta y otros servicios, financiados con recursos públicos.
Una de las justificaciones políticas de la inmigración es que, ante el descenso de la natalidad en los países europeos, los nuevos residentes podrían contribuir, mediante su trabajo, a sostener los sistemas de pensiones. Esta expectativa es cuestionable, pues, ante la existencia de ayudas de acogida y de elevadas cargas fiscales a costa de los contribuyentes europeos, las estadísticas nos demuestran que los inmigrantes que prescinden de las ayudas para incorporarse al mercado laboral son una minoría.
La ilusión de los políticos europeos se mantiene en el tiempo, pensando que, una vez regularizadas estas personas, les van a dar el voto. Pero la realidad es que, una vez regularizadas, estas personas votan, en principio, por el partido que coincidió con su entrada. Con el tiempo, al convertirse en mayoría, condicionan a los mismos partidos que les abrieron las puertas para que las acepten como dirigentes. Así, vemos países como el Reino Unido y los mismos EE. UU., donde los órganos legislativos comienzan a llenarse de musulmanes con la pretensión de abolir las normativas civiles y penales occidentales para implantar su ley religiosa, la sharía.
Ahora, la pregunta que nos planteamos es: ¿conviene o no que la clase dirigente de los países occidentales esté compuesta por musulmanes?
Para responder esta pregunta, vamos a hacer una analogía:
¿Le entregaría usted el control de un avión de pasajeros a alguien que perteneciese a un grupo religioso que tuviese una larga lista de atentados terroristas mortales contra occidentales?
CRONOLOGÍA DE ATENTADOS TERRORISTAS (1972-2026)
Relación histórica de atentados yihadistas y de organizaciones musulmanas de Oriente Medio
El listado incluye algunos de los atentados más conocidos internacionalmente, pero deja fuera numerosos ataques ocurridos en África, Asia y Oriente Medio.
Sólo estamos mencionando los hechos de mayor impacto internacional; los incidentes protagonizados por musulmanes, como robos y agresiones verbales y físicas, no se están tomando en cuenta. En cuanto a las violaciones de niñas occidentales, hay material para un libro. Solo mencionaremos el informe de Alexis Jay, publicado en 2014, que estimó que aproximadamente 1.400 niñas inglesas fueron víctimas de explotación sexual por parte de musulmanes en Rotherham entre 1997 y 2013.
¿Cómo llegan al poder en Occidente los musulmanes?
Una advertencia para los países iberoamericanos.
1. La financiación criminal de la política.
Las organizaciones criminales necesitan protección institucional para garantizar la continuidad de sus actividades.
Una de sus estrategias consiste en financiar clandestinamente campañas electorales, sobornar funcionarios o establecer relaciones con dirigentes políticos.
El objetivo no es necesariamente compartir una ideología, sino conseguir influencia sobre quienes posteriormente ejercerán el poder.
2. La captura progresiva de las instituciones.
Una vez instalados sus aliados en posiciones de autoridad, las organizaciones criminales proceden a exigir compensaciones.
Estas pueden materializarse mediante nombramientos estratégicos, contratos públicos, protección policial, interferencias judiciales, obstáculos a las investigaciones, restricción de mecanismos de control y vigilancia de fronteras aéreas, terrestres o marítimas para favorecer el libre tránsito de drogas, expedición de marcos legales favorables a la impunidad y blanqueo de capitales.
Así comienza un proceso de captura institucional en el que determinados organismos dejan de servir exclusivamente al interés general.
3. El deterioro económico y social.
La corrupción y el lavado de activos distorsionan la competencia, favorecen actividades económicas ilícitas, desalientan inversiones legítimas y perjudican la confianza institucional.
La penetración criminal en la economía afecta la productividad, la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible. Con el tiempo, estas circunstancias contribuyen al desempleo, la inseguridad, el empobrecimiento y la pérdida de confianza ciudadana.
Dependiendo del país, pueden producirse crisis económicas, violencia y extorsión al comercio formal por parte de las bandas organizadas.
4. El descontento popular y la pérdida del apoyo popular.
Cuando la población percibe que sus condiciones de vida empeoran, los partidos gobernantes sufren un desgaste electoral considerable.
La corrupción, la inseguridad y el deterioro de los servicios públicos se convierten entonces en factores de rechazo político.
Surge una cuestión fundamental: ¿qué mecanismos emplean los partidos para recuperar o conservar su influencia electoral?
5. Las políticas migratorias y la reconfiguración del electorado.
En esta etapa, los gobernantes que han dejado de tener la simpatía del pueblo proceden a la utilización de políticas migratorias, procesos de naturalización y programas de asistencia social dirigidos a los extranjeros, con objetivos de consolidación electoral.
La inmigración puede transformar legítimamente la composición demográfica y política de una sociedad. También puede modificar, con el transcurso de los años, las preferencias electorales.
6. La integración electoral de los nuevos residentes.
Para este propósito, se creará, de ser posible, una nueva Constitución para incluir, de la manera más rápida posible, a nuevos electores mediante la regularización o naturalización. Si no es posible, se procederá a la expedición de leyes que favorezcan la participación electoral de nuevos votantes.
En Ecuador, en 2008 se expidió una Constitución que, en su artículo 416, numeral 6, propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero.
El artículo 63 de este mismo texto permite votar a los extranjeros que hayan residido legalmente en el territorio nacional durante al menos cinco años.
En España se ha llegado a la creación de una ley para incluir en el padrón electoral, y permitir que voten sin haber nacido ni vivido nunca en España, hasta a 2,4 millones de personas: la Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022).
7. ¿De dónde procederían los nuevos votantes?
En el caso de Ecuador, la Constitución mencionada abrió las puertas, primero a las organizaciones del crimen organizado internacional y luego sin ningún control a venezolanos, colombianos y peruanos, en ese orden, que fueron atraídos por la economía dolarizada.
En el caso de España, principalmente del norte de África e Hispanoamérica, que al contrastar las diferencias en la calidad de vida entre sus países y España, por agradecimiento y conveniencia, en principio, votarán por el partido que les abre las puertas de ingreso a Europa.
Menciono «en principio» por dos motivos. Primero, mientras sea evidente esta diferencia, pues la calidad de vida de Europa en general, y de España en particular, se está deteriorando de manera acelerada. En segundo lugar, en cuanto a la inmigración musulmana, las mezquitas son centros de adoctrinamiento y, por la misma característica de sumisión de esa religión, los musulmanes, una vez regularizados, votarán por su propio partido.
8. El riesgo de una transformación institucional contraria al orden constitucional.
El verdadero peligro para la democracia surge por cuanto el islam intenta situarse por encima de la Constitución, someter la justicia, crear una justicia paralela, eliminar controles democráticos o restringir las libertades fundamentales para implementar su ley religiosa, la sharía.
La defensa de la democracia exige impedir la captura de las instituciones, tanto por organizaciones delictivas como por movimientos políticos o religiosos contrarios al sistema democrático.
Conclusión y recomendación.
La secuencia analizada permite formular una advertencia:
Una democracia puede debilitarse cuando organizaciones criminales penetran en la financiación política, condicionan decisiones públicas, deterioran la economía y favorecen estructuras de poder que buscan perpetuarse.
Las políticas migratorias, sociales y de naturalización también deben estar sometidas a controles democráticos y a criterios de legalidad, transparencia e igualdad.
La identificación del verdadero adversario exige precisión: los musulmanes, cuando son minoría y se controla que trabajen y cumplan con las leyes del país de llegada, pueden ser un aporte, pero concederles derechos políticos como el de votar o el de representación popular no es recomendable.
Llevo más de la mitad de mi vida como migrante y mi experiencia me dice que es totalmente negativo para cualquier país desarrollado que los extranjeros tengan derecho a votar. Los migrantes salimos de nuestros países para tener una mejor calidad de vida y migramos a países que ya han logrado desarrollarse. Es ilógico que tengamos la opción de alterar ese desarrollo con nuestro voto, pues el desarrollo de cada país es, principalmente, el resultado del sacrificio de los antiguos ciudadanos que, con su esfuerzo, levantaron los países de acogida.
Corolario.
A diferencia de los países hispanoamericanos, que conservan plena autonomía para establecer sus políticas migratorias dentro de sus respectivos ordenamientos constitucionales, la Unión Europea, en materia migratoria ha establecido mecanismos obligatorios de solidaridad entre sus Estados miembros. Estos mecanismos contemplan la reubicación de solicitantes de protección internacional, las contribuciones económicas y otras medidas de apoyo.
Esta realidad plantea importantes interrogantes sobre el alcance de la soberanía nacional y la capacidad de cada Estado para decidir autónomamente su política migratoria.
En Hispanoamérica encontramos antecedentes históricos que permiten apreciar esas diferencias. En Ecuador, en 1985, durante la presidencia de León Febres-Cordero, el Gobierno negó haber comprometido la entrega de aproximadamente 12.140 hectáreas de territorio ecuatoriano a representantes del movimiento separatista Sij de la India, que pretendían establecer un asentamiento vinculado a su proyecto político de Jalistán. La controversia surgió después de que una delegación ecuatoriana, en la que participó el expresidente Carlos Julio Arosemena Monroy, mantuviera conversaciones con representantes de dicho movimiento en Londres.
Este episodio constituye un antecedente relevante para reflexionar sobre la importancia de preservar la soberanía territorial, el control de las políticas migratorias y la facultad de los Estados para determinar, conforme a sus constituciones y obligaciones internacionales, las condiciones de ingreso y establecimiento de extranjeros.
Dr. Ricardo Carlin de la Cruz
Zúrich, 7.11.2026