Cuando comenzaron a publicarse informaciones y estudios que mencionaban a niños de apenas 8 años ingresando al ámbito de la narcodelincuencia, nos alarmó tanto la edad de inicio como la insuficiencia de respuestas eficaces por parte de las instituciones del Estado.
Para Consultoría El Dorado Internacional, aquello representaba una señal extrema.
El narcotráfico ya no estaba disputando solamente rutas, puertos, cárceles, barrios y mercados ilegales.
Había comenzado a disputarles los niños a las familias, a las escuelas y al propio Estado.
Ese hecho debería haber encendido todas las alarmas nacionales.
ECUADOR LLEGÓ A UN PUNTO CRÍTICO
Durante años hemos advertido sobre el avance de las organizaciones criminales, la penetración del narcotráfico en distintos espacios sociales y los efectos de decisiones políticas e institucionales propuestas por los mismos operadores del crimen organizado infiltrados en las instituciones del Estado, en especial en la Asamblea Nacional, que, desde nuestra perspectiva, debilitaron la capacidad del Estado para contener la delincuencia organizada.
El resultado está a la vista: Nuestro país convertido en un narcoestado con violencia extrema, extorsiones, sicariato, control territorial, microtráfico y cuando hablamos de reclutamiento de menores, es decir del futuro del país, estamos hablando de un problema con tendencia a agravarse con el paso del tiempo.
UNA LEY QUE LLEGÓ CUANDO YA ERA URGENTE
En ese contexto fue presentado el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes.
La normativa incorpora medidas de prevención de adicciones, detección de factores de riesgo, atención en salud mental, becas, ayudas económicas, programas deportivos, prevención en escuelas y entornos digitales y mecanismos de protección integral.
Al mismo tiempo, establece penas que pueden alcanzar entre 22 y 26 años de prisión para quienes recluten o utilicen menores en actividades criminales.
El mensaje es claro:
Proteger al niño y castigar severamente a quien pretenda convertirlo en instrumento del crimen.
El 29 de septiembre de 2026, la Asamblea Nacional aprobó la ley con 88 votos afirmativos.
Pero, lo verdaderamente alarmante, los 58 legisladores presentes de Revolución Ciudadana se abstuvieron.
UNA ABSTENCIÓN QUE NO PUEDE PASAR DESAPERCIBIDA
Cuando el tema sometido a votación es el reclutamiento de niños por organizaciones criminales, una abstención colectiva de esta magnitud merece un escrutinio especialmente severo.
No estamos hablando de una reforma administrativa menor.
Estamos hablando de menores utilizados como vigilantes, transportadores de droga, integrantes de redes de extorsión, microtraficantes y, en algunos casos, participantes en hechos violentos.
Estamos hablando de niños cuya infancia puede ser absorbida por el crimen organizado antes de que tengan siquiera la capacidad de comprender plenamente las consecuencias de aquello en lo que están siendo introducidos.
EL ARGUMENTO FALAZ DE REVOLUCIÓN CIUDADANA
Integrantes de RC sostuvieron que endurecer las penas no era suficiente y que el Ecuador necesitaba más educación, deporte, políticas sociales y prevención.
El planteamiento sería razonable si la ley se hubiera limitado al castigo penal.
Pero no fue así.
El proyecto incorporaba precisamente prevención, atención social, salud mental, programas deportivos, becas, ayudas económicas y mecanismos de protección.
Por eso surgen unas preguntas incómodas:
¿Los RC analizaron integralmente el contenido de la ley antes de decidir abstenerse?
¿De dónde salió la orden de la abstención?
¿Por qué los asambleístas de la revolución ciudadana obedecieron esa orden?
La contradicción entre la justificación pública de la abstención y el contenido de la propia norma debe ser explicada a los ciudadanos. Mucho más cuando vemos a candidatos de esta misma línea política en busca de respaldo ciudadano para ocupar cargos públicos.
UN DISCURSO QUE YA HABÍAMOS ESCUCHADO
En enero de 2024, la asambleísta nacional Paola Cabezas manifestó en el Pleno que muchos jóvenes que delinquen “no querían ser delincuentes”, dentro de un razonamiento que vinculaba la delincuencia con factores como la pobreza y la exclusión social.
Comprender las causas sociales de la delincuencia es necesario.
Pero comprender no significa justificar.
La pobreza no convierte automáticamente a una persona en delincuente.
Millones de ecuatorianos que enfrentan enormes dificultades económicas trabajan, estudian, sostienen a sus familias y respetan la ley.
Cuando este tipo de declaraciones proviene de quienes han sido elegidos (y remunerados con recursos públicos) precisamente para proponer soluciones legislativas frente a problemas de esta magnitud, las contradicciones adquieren una dimensión especialmente preocupante.
Y una de ellas resulta difícil de ignorar.
LA COMISIÓN ENCARGADA DE PROTEGER A LA NIÑEZ ESTÁ PRESIDIDA POR REVOLUCIÓN CIUDADANA
La Asamblea Nacional cuenta con una Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes.
Desde mayo de 2025, esta comisión está presidida por Viviana Veloz Ramírez, integrante de Revolución Ciudadana. La propia Asamblea establece que esta mesa debe conocer, con criterio de especialidad y prioridad, los asuntos e iniciativas legislativas relacionados con la protección integral de niñas, niños y adolescentes.
La comisión está integrada, además, por varios legisladores de Revolución Ciudadana, entre ellos Ricardo Patiño, Mónica Palacios, Paola Cabezas, Alejandro Vanegas, Raúl Chávez, Mireya Pazmiño y Ronal González.
Frente a ello surge una reflexión inevitable:
¿No habría sido coherente que una iniciativa de esta magnitud, destinada precisamente a impedir que las organizaciones criminales recluten y utilicen a niños y adolescentes, hubiese recibido un impulso particularmente decidido desde la Comisión especializada en protección de la niñez?
La contradicción resulta todavía más llamativa porque la presidenta de esa comisión, Viviana Veloz, ha sostenido públicamente que el interés superior de niñas, niños y adolescentes debe prevalecer por encima de las diferencias políticas.
Ese principio debería adquirir su máxima expresión cuando la amenaza proviene de organizaciones criminales que buscan convertir a menores de edad en instrumentos de la delincuencia organizada.
El proyecto finalmente fue tramitado por otra comisión.
Sin embargo, cuando llegó el momento decisivo de votar en el Pleno, los legisladores presentes de Revolución Ciudadana optaron por la abstención.
Una abstención no equivale jurídicamente a votar en contra.
Pero tampoco equivale a respaldar la iniciativa.
Significa, en términos políticos y parlamentarios, decidir no otorgarle un voto afirmativo a una ley destinada a enfrentar el reclutamiento criminal de niñas, niños y adolescentes.
Y esa decisión merece una explicación pública particularmente clara.
EL MAYOR PELIGRO: NORMALIZAR EL RECLUTAMIENTO INFANTIL
Cuando un niño entra en una organización criminal, el riesgo no termina en el primer delito.
Puede abandonar la escuela.
Puede comenzar a consumir drogas.
Puede aprender que la violencia es una herramienta normal.
Puede convertirse rápidamente en victimario sin dejar de ser víctima.
Y puede terminar muerto antes de llegar a la edad adulta.
La verdadera alarma radica en que, cuando las organizaciones criminales están utilizando a niños ecuatorianos para construir una nueva generación de operadores del narcotráfico, el futuro del Ecuador está en riesgo.
LA RESPONSABILIDAD DEL LEGISLADOR
Un legislador que considera insuficiente una ley puede reformarla.
Puede introducir cambios.
Puede exigir mayor presupuesto.
Puede presentar disposiciones adicionales.
Puede fortalecer los mecanismos de prevención.
Pero abstenerse frente a una amenaza de esta dimensión exige una explicación.
Los ciudadanos tienen derecho a preguntar, aunque la mayoría ya conoce las respuestas:
¿Por qué no respaldaron las medidas útiles de la ley y al mismo tiempo, propusieron las mejoras que consideraban necesarias?
ECUADOR ESTÁ DECIDIENDO SU FUTURO
El narcotráfico, por medio de sus operadores políticos, busca crear el marco legal adecuado para justificar el dinero producto de sus actividades delictivas. Pero cuando recluta niños para convertirlos en delincuentes, el país se encuentra ante una emergencia vital.
La sociedad debe entender que existe una línea que jamás debería permitirse cruzar:
Los niños ecuatorianos no pueden convertirse en el ejército del narcotráfico.
Frente a esa amenaza, las acciones de los legisladores tienen consecuencias.
Ecuador todavía está a tiempo de impedir que una generación completa sea capturada por las mafias.
Pero el tiempo para reaccionar se está agotando.
Nuestro reconocimiento a los asambleístas que respaldaron a estas medidas destinadas a proteger a la niñez ecuatoriana frente al reclutamiento criminal.
Y nuestro más severo cuestionamiento a quienes, habiendo llegado a la Asamblea Nacional con el mandato de representar a sus electores y legislar en beneficio del interés general, optaron por abstenerse ante una iniciativa de esta trascendencia.
La ciudadanía debe exigir explicaciones a estos políticos.
Consultoría El Dorado Internacional
Fundación para el Desarrollo Humano Integral El Dorado Internacional
Prevención de adicciones, delincuencia juvenil y violencia derivada del narcotráfico.